Cárceles en Colombia: una situación insostenible
Elke Kooyman, experta en detención del CICR, explica las razones.
La crisis del sistema carcelario ha dejado de ser una noticia, y en cambio, ha aumentado la indiferencia de la gente con respecto a este problema.*
La realidad sigue siendo dramática:
- Hay 115.792 personas privadas de libertad (cifras oficiales con corte al 28 de febrero de 2018).
- Las tasas de hacinamiento superan el 365 por ciento en algunos centros de detención.
- La calidad de atención primaria y el acceso a servicios especializados de salud es deficiente.
- Falta espacio de esparcimiento y resocialización.
- La infraestructura es obsoleta por falta de mantenimiento.
Estos datos ya no sorprenden a casi nadie en Colombia, pero casi nadie sabe o piensa cómo se ha llegado a esta situación ni cómo es posible que la crisis se agrave cada año a pesar de las medidas que sin duda se han tomado.
En 1969 el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) comenzó a visitar las prisiones colombianas y desde entonces hasta ahora, las condiciones del sistema carcelario y penitenciario han empeorado sostenidamente, en gran medida debido al aumento de la población detenida.
Desde 1993, la lucha contra las drogas y la represiva política criminal multiplicaron por cuatro el uso de la privación de libertad, generando pésimas condiciones para las personas privadas de la libertad.
En 25 años, las tasas de hacinamiento pasaron del 1,7 al 45 por ciento, según cifras del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) de febrero de este año.
Estas cifras confirman que el sistema penitenciario y carcelario colombiano requiere urgentemente de una reforma para que los derechos de los reclusos sean respetados.
Estado de Cosas Inconstitucional en las cárceles del país
Hablar de hacinamiento en los establecimientos penitenciarios, o de la alarmante ausencia de infraestructura apropiada para cumplir con los fines resocializadores de la pena no es algo nuevo en Colombia. No es noticia. La propia Corte Constitucional ha declarado en tres oportunidades la existencia de un estado de cosas inconstitucional en las cárceles del país.
Hace 20 años, en la Sentencia T-153 de 1998, donde la Corte dio su primera voz de alarma sobre el sistema penitenciario y carcelario. Para entonces, las tasas de hacinamiento eran mucho menores de las que tenemos hoy día (31,1 por ciento). Si bien desde el año 2000 se ha duplicado la capacidad del Estado para atender a la población privada de libertad, la tasa de hacinamiento sigue por encima del 45 por ciento.
En la Sentencia T-388 de 2013, la Corte dio un salto cualitativo en la materia al indicar que el hacinamiento no era el único problema que debía resolverse. Esta sentencia caracteriza la política criminal colombiana como reactiva, incoherente, ineficaz, volátil, desarticulada, sin intenciones de resocializar a los convictos y, por lo tanto, una política criminal que carece del necesario enfoque preventivo. Bajo estas circunstancias, la política criminal en si misma viene a ser un factor clave para entender la situación carcelaria del país.
En esta misma línea, la Sentencia T-762 de 2015 subraya la descoordinación de la política criminal, que no está basada en estudios empirícos.
Personal penitenciario insuficiente y precarias condiciones laborales
Además de la infraestructura deficiente, el número de funcionarios disponibles para trabajar en planteles penitenciarios es bastante bajo (15.795 personas) en relación con el número de presos. Estos números dejan clara la dificultar para garantizar una adecuada gestión penitenciaria y un trato digno a las personas detenidas.
Las necesidades constantes, y no siempre satisfechas, de formación profesional y técnica, así como la ausencia de personal especializado contribuyen a agravar la ya de por sí preocupante realidad que enfrentamos. Estos factores pueden llegar a poner en riesgo la garantía de los los derechos fundamentales de los reclusos, haciendo casi imposible que se pueda cumplir con la finalidad del sistema.
Un esfuerzo importante es el Proyecto de Ley Orgánica 026 de 2017 promovido por el ministro de Justicia y del Derecho, que pretende crear, 2.800 puestos para funcionarios nuevos entre 2019 y 2020
Pero este aumento del pie de planta es apenas una medida paliativa. Para poder cumplir con las obligaciones de seguridad penitenciaria y carcelaria ̶ que deberían incluir atención básica, la resocialización y la rehabilitación de la población detenida, el INPEC requiere unos 40.000 funcionarios en total.
Esto sin contar con que el INPEC también tiene a cargo el control de más de 60.000 personas en prisión domiciliaria.
Pero incluso si hubiera presupuesto para crear los 25.000 puestos que se necesitan, el problema seguirá existiendo si los reclusos continúan aumentando, pues no habrá cárceles ni personal que den abasto para atenderlos. ¿Es realmente eficiente este sistema? ¿Puede Colombia seguir construyendo cárceles? ¿Qué presupuesto destinará a la política represiva que dejará de invertir en políticas sociales más eficientes en prevención del delito?
La política criminal actual ha auentado exponencialmente el número de personas detenidas y las necesidades del sistema. Seguirá haciéndolo si las cosas no cambian.
Una política criminal muy dura con las mujeres
Como señaló correctamente la Corte Constitucional, la crisis carcelaria va más allá del hacinamiento. Por lo tanto su solución debe ir más allá de la construcción de nuevas cárceles.
La sobreutilización de la cárcel como solución a todo problema social sin evidencia de que la privación de la libertad sea por sí sola una medida disuasiva frente a la criminalidad contribuye a crear una grave situación humanitaria que hoy supone una bomba de tiempo. El rediseño de la política criminal debería dar prioridad a la prevención y a la reinserción, no a la detención como única medida para hacer frente a la inseguridad.
Por ejemplo, en el caso del modelo punitivo de la política de drogas el impacto ha recaído sobre todo en las mujeres. Según un informe de Dejusticia, el 50 por ciento de las mujeres privadas de libertad en Colombia lo está por delitos de microtráfico y la cifra total de mujeres detenidas ha aumentado hasta cinco veces con respecto a 1993.
El 93 por ciento de estas mujeres son madres, de las cuales 52 por ciento son cabeza de hogar. Muchas cometen estos delitos como única alternativa para solventar su situación económica; alternativa mal pagada y de alto riesgo.
Ellas son el eslabón más débil de la cadena criminal, fácilmente reemplazables en las calles pero insustituibles en los hogares.
De nada servirá que en Colombia se construyan cárceles y se contraten nuevos funcionarios si no se invierte parte del presupuesto de la política represiva en políticas sociales más eficientes en materia de prevención del delito
Con su encarcelamiento, habitualmente, se rompe el núcleo familiar lo que deja a los hijos expuestos a vincularse grupos delincuenciales, dando lugar a una carrera criminal persistente.
Estos factores llevan a que nos planteemos si existen más opciones para este tipo de delitos además de la privación de libertad y que sean más efectivos, pues una política criminal eficiente no implica caer en la impunidad, sino impulsar medidas que eviten que personas con alto riesgo elijan el delito como alternativa de vida.
Podríamos preguntarnos por el costo social que tiene la privación de libertad de estas mujeres y si la sociedad colombiana realmente es más segura teniéndolas en centros de detención, o si por el contrario estamos aumentando la vulnerabilidad de las personas que tienen a su cargo y el riesgo de que más personas se vinculen con la delincuencia.
Por ejemplo, el Estado colombiano debería adoptar una política que mejore la respuesta del sistema penal y del sistema penitenciario frente a las infractoras, tomando en cuenta sus necesidades diferenciales.
Las autoridades deben comprometerse
En definitiva, pese a los importantes esfuerzos por parte de las autoridades, siguen existiendo enormes dificultades para solucionar la crisis carcelaria.
Una política criminal eficiente no implica caer en la impunidad, sino impulsar medidas que eviten que personas con alto riesgo de vulnerabilidad elijan el delito como alternativa de vida.
El nuevo gobierno debe comprometerse a conseguir avances concretos que contribuyan a solucionar este drama humanitario, dando particular atención al rediseño de la política criminal, la contratación y capacitación de suficiente personal penitenciario, una efectiva resocialización de la población reclusa y al acceso a los servicios de salud.
Por: Elke Kooyman
Coordinadora de Detención del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia
* Artículo publicado en Razón Pública.